El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado que las leyes que exigen un cifrado deficiente y una retención general y extensa de los datos de usuarios violan el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por tanto son ilegales. La sentencia puede hacer descarrilar normas actuales o futuras que los gobiernos están desarrollando en torno a estas cuestiones, siempre delicadas, donde debe equilibrarse la batalla de los estados, los servicios de inteligencia y sus cuerpos de seguridad contra los ‘malos’, pero con garantías de que son respetados los derechos del resto de ciudadanos.