Hace unos meses entraba en vigor una nueva normativa que pretendía acabar con el spam telefónico. Lo que supuestamente significaba acabar con las llamadas no deseadas para las que no hubiéramos dado consentimiento ha demostrado no servir para casi nada.
Tras meses viendo que no se ha acabado con el spam telefónico, se buscan medidas para que la Agencia Española de Protección de Datos tome cartas en el asunto y asegure que este derecho a no ser molestados se cumpla.
No ha funcionado la reforma de la Ley
La última reforma de Ley General de Telecomunicaciones contempla un escenario que debía ser un antes y un después para miles y miles de afectados: el fin del spam telefónico. La nueva normativa, en vigor desde el mes de julio, marcaba el comienzo del derecho «a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario».
«El derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial contemplado en el artículo 66.1.b) entrará en vigor en el plazo de un año a contar desde la publicación de la ley. Hasta ese momento, los usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en la numeración podrán seguir ejercitando el derecho a oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos de los establecidos en el artículo 66.1.a) y a ser informados de este derecho».
Ahora mismo, la legislación española reconocerá el derecho de una persona a no recibir llamadas comerciales no deseadas, limitándolas a aquellas personas que hayan dado su consentimiento previo. Sin embargo, con el paso de los meses podemos considerar que esta no ha funcionado todo lo bien que debería y no ha sido tan tajante como podríamos considerar. Prueba de ello es que la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) recibe en sus canales de consultas más de un centenar de preguntas y reclamaciones referentes a este asunto.
Objetivo: tapar el resquicio legal
Uno de los supuestos en los que se están amparando quienes llaman para poder hacerlo todavía bajo el paraguas de la legislación vigente es el concepto de «interés general«. Según este criterio, una empresa de telemarketing puede ampararse en causas de fuerza mayor al contactar con un cliente que ya tiene una relación contractual con la compañía y se alega que es una comunicación de seguridad para evitar el fraude de una compañía suplantadora y, de paso, vender un producto.
“Ante esta situación, desde ASESCON recomendamos cancelar inmediatamente esos datos al recibir la llamada y unirse a la denuncia conjunta que realizará nuestra organización ante la Agencia Española de Protección de Datos en los próximos días. La asociación pedirá a la entidad dirigida por la abogada Mar España que actúe de oficio”. Para este fin de denunciar ante la AEPD las irregularidades con las que operan los empleados de telemarketing, ASESCON ha puesto en marcha un correo electrónico ([email protected]) para que los ciudadanos afectados puedan ponerse en contacto con ellos.
Las principales quejas vienen de llamadas en nombre de operadores de telecomunicaciones y de empresas energéticas que hablan de cambio de condiciones. A veces ni siquiera son clientes, por lo que se está saltando incluso ese resquicio legal del interés general. Los consumidores les piden a los comerciales que cancelen los datos, pero siguen llamándoles sin parar.
“Hay empresas de telemarketing que han pactado con clientes hacer determinadas campañas y no pueden dejar de cumplir esos contratos. Ese es el principal problema que hay para cumplir la ley”, ha comentado Jose Leandro Nuñez, socio de Audens y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC). “La cuestión radica en buscar el equilibrio entre el derecho a las empresas a promocionar sus productos y el derecho de la gente a no ser molestada. No es sencillo”.
